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MARCO HISTÓRICO

El camino hacia el autoritarismo:

Jorge Pacheco Areco en el poder. (1967- 1971)

Luego de la muerte de Oscar Gestido, Jorge Pacheco Areco, es nombrado Presidente de la República. Su mandato se caracterizará por una sistemática aplicación de medidas que restringieron cada vez más las libertades individuales, por el creciente autoritarismo y el avance de la represión principalmente hacia los sectores sociales. En este sentido tanto las Medidas Prontas de Seguridad como así las disposiciones de disolución de partidos o movimientos de izquierda, las clausuras a diarios o seminarios partidarios de estas tendencias, la militarización de los funcionarios públicos y privados, y el desconocimiento de las autonomías funcionales, serán -entre otras cosas- los elementos más destacados de su mandato. El gobierno de Pacheco tuvo aspectos notoriamente conservadores y autoritarios, en este sentido el mismo legisló prácticamente por decreto al amparo de las Medidas Prontas de Seguridad, con la casi nula participación del Poder Legislativo, que por otro lado se mostraba vacilante y debilitado. 
Se produce en el año 1967, el acuerdo “Época”. El mismo significó la unión de grupos y partidos de izquierda, como el Partido Socialista, el Movimiento Revolucionario Oriental, la Federación Anarquista del Uruguay, el Movimiento Independiente Revolucionario, el Movimiento de Acción Popular Uruguayo, e independientes. Quienes impulsan la publicación conjunta del diario Época y establecen una plataforma de puntos en común(1). El 12 de diciembre del mismo año, el gobierno dispone la disolución de los grupos de izquierda anteriormente mencionados. 
El año 1968, aparece en la historiografía, como un año bisagra y clave para el período. Con él culmina una etapa en el desarrollo económico, social y político de Uruguay y el comienzo de otra cualitativamente distinta, esta nueva etapa, se caracterizó por la predominancia de los aparatos centralizados del estado y por la generalización y polarización de la sociedad. “Desde entonces, el discurso del Ejecutivo se centró en el principio ideológico crisis- orden, y a partir de él se desarrolló toda la actividad del gobierno. Fue también una época de pérdida de la función negociadora del Parlamento”.(2)
El poder Ejecutivo y el Legislativo iniciaran un período de enfrentamiento, las causas más comunes la implantación o levantamiento de las Medidas Prontas de Seguridad, las clausuras de medios de prensa, la militarización de los funcionarios públicos o incluso por el juicio político que en 1971 se le hizo al Presidente. La tónica dominante del gobierno de Pacheco era la constante. A partir de junio de 1968 (y con la excepción del período que se extiende desde el 15 de marzo al 24 de junio de 1969), el país vivió de forma permanente bajo Medidas Prontas de Seguridad hasta la declaración del Estado de Guerra Interno del 15 de abril de 1972, el cual cesó el 12 de junio de ese año tras la entrada en vigor de una nueva Ley de Seguridad del Estado. “Lo que en la Constitución se entendía como medidas excepcionales en los casos graves e imprevistos de ataque exterior o conmoción interior, pasó a ser el mecanismo permanente de gobierno”(3).
El vínculo entre el gobierno de Pacheco y las Fuerzas Armadas (FF.AA.) empezó a estrecharse profundamente. Luego de la fuga de más de cien reclusos tupamaros del Penal de Punta Carretas (9 de setiembre de 1971), se le encargó la dirección de la lucha antisubversiva. Ante ello, “el día 15 de septiembre las FFAA habían hecho público un documento doctrinario en que se establecían su misión de restablecer el orden interno y brindar seguridad al desarrollo. Esta declaración, cuyo contenido es evidentemente próximo a la Doctrina de la Seguridad Nacional, es la constatación de cómo, a partir de entonces, las FFAA interpretarían su papel en la sociedad y política uruguaya”(4). Posteriormente en diciembre de ese año se creaba la Junta de Comandantes en Jefe a título experimental, y con ella se cumplían los pasos preparatorios de la era militar.(5)
Desde una perspectiva social las tensiones se agudizan, generándose un avance autoritario de importante magnitud, asistiéndose a una multiplicidad de conflictos entre el aparato del Estado y la sociedad civil. La represión policial y posteriormente del ejército, fue otra de las constantes aplicaciones del gobierno de Pacheco para contener la situación. Señala Rey Tristán, a partir de agosto de 1970 (6), “las Medidas Prontas Seguridad estaban fundamentalmente motivas y definidas para la represión de la actividad sindical y todo aquello que se opusiese a la política gubernamental y tuviese capacidad de movilización social, en el discurso y actuación del gobierno pachequista se definió un nuevo enemigo” (7). Por otra parte, y a partir de 1970 hasta el golpe de Estado, no habría más de tres meses de normalidad institucional.
27 de junio de 1973: Huelga general de trabajadores y estudiantes. Imagen: Aurelio González.

27 de junio de 1973: Huelga general de trabajadores y estudiantes. Imagen: Aurelio González.

Wilson Ferreira Aldunate en la cámara de Senadores en la noche del 27 de junio de 1973. Imagen: Aurelio González

Wilson Ferreira Aldunate en la cámara de Senadores en la noche del 27 de junio de 1973. Imagen: Aurelio González

Militares recorriendo el Salón de los Pasos Perdidos en el Palacio Legislativo - 27 de junio de 1973.

Altos mandos militares recorriendo el Salón de los Pasos Perdidos en el Palacio Legislativo - 27 de junio de 1973.

Sepelio de Ramón Roberto Peré, el 8 de julio de 1973. Peré, estudiante de veterinaria, había sido asesinado un día antes por efectivos policiales vestidos de particular. Su sepelio fue acompañado por miles de personas a pesar de la represión y la vigilancia de aquellos días. Foto: Aurelio González.

Sepelio de Ramón Roberto Peré, el 8 de julio de 1973. Peré, estudiante de veterinaria, había sido asesinado un día antes por efectivos policiales vestidos de particular. Su sepelio fue acompañado por miles de personas a pesar de la represión y la vigilancia de aquellos días. Imagen: Aurelio González.

Manifestación en la Av. 18 de julio contra el Golpe Militar. 9 de julio de 1973. Imagen: Aurelio González
Manifestación en la Av. 18 de julio contra el Golpe Militar. 9 de julio de 1973. Imagen: A

Hacia el golpe de Estado:

La presidencia de Juan María Bordaberry (1972-1973)

El Partido Colorado consiguió nuevamente la victoria, y dentro del lema la fórmula Bordaberry- Sapelli fue la más votada obteniendo el 22.8% de los votos. De esta manera se consolidaba una vez más el poder del Partido Colorado en el país además de que se auguraba una continuidad y una profundización de las políticas iniciadas en el gobierno anterior, quedando así asegurada la prolongación del proceso iniciado en 1968(8).

El 1º de marzo de 1972, Bordaberry asume el gobierno en medio de un ambiente de crisis y una fuerte conflictividad social y política. Según Rey Tristán, “a partir de las elecciones, y tras el triunfo de los sectores conservadores, se inició el irreversible deterioro de la situación nacional que culminaría en el golpe militar de 1973”(9). Al asumir el gobierno, Bordaberry impulsa una alianza con los sectores conservadores del Partido Nacional a cambio de puestos en el gabinete para lograr un mayor apoyo a su gestión. Paralelamente comienzan a estrecharse aún más los vínculos con las FF.AA., lo que conlleva a una participación política de este sector mucho más activo y preponderante.

En términos generales, la nueva administración que se instalaba no hacía más que continuar los lineamientos adoptados durante la presidencia de Jorge Pacheco Areco. A nivel político el país se encontraba sumergido en una profunda crisis agravada por el crecimiento de la violencia, además del fuerte autoritarismo con el que el partido de gobierno actuaba. Por otra parte, se asistía a un “acelerado proceso de descaimiento de las normas de convivencia democrática”, que condujo a un deterioro aun mayor de las instituciones.

Por otro lado, el MLN- T retomó las acciones armadas, luego del período de inacción acordada por el tiempo electoral. En este sentido, el año comenzó con la “Declaración de Guerra de Paysandú” el 1 de enero de 1972 y posteriormente el 14 de abril de ese año se llevó a cabo una de las acciones más impactantes hasta ese momento, que dio un vuelco a la situación del país. Ante ello el Presidente declaró el “Estado de Guerra Interna”, (que suspendía las garantías individuales) que se extendió hasta el 10 de julio de 1972 con la aprobación de “Ley de Seguridad del Estado”. Esta ley, recogía en gran medida las aspiraciones que los militares tenían, por lo cual se podría afirmar que se accedía a una importante presión castrense en las decisiones nacionales. A nivel general esta ley concedió una mayor libertad a las FF.AA. para controlar y disponer de los detenidos, además pasaron a considerarse como militares algunos delitos que hasta el momento eran considerados “comunes”, por otro lado, se hicieron más amplias y represivas las penas establecidas. 

Paralelamente, las FF.AA. continuaron su campaña militar contra el MLN-T que tuvo como principal objetivo la desaparición del grupo armado. (10) La forma predominante en que se desarrolló la llamada lucha antisubversiva, según Hugo Cores, fue la detención y la tortura del enemigo. Su objetivo fue el desmantelamiento organizativo, el aislamiento y la desmoralización de la disidencia armada. El nuevo rol represivo de las FF.AA. (sobre todo el Ejército y una parte de la Marina) se caracterizó por ser un movimiento orgánico, colectivo, entrañando al conjunto de la institución y en el marco de sus instancias jerárquicas establecidas, fuertemente cohesionadas. Las disensiones internas fueron absorbidas o reprimidas en el momento que surgieron.(11)

Las denuncias de los excesos de las FF.AA. comenzaron a ser cotidianas en el ámbito del Poder Legislativo, sin embrago, estas no lograron transformar ni la práctica que ejercían ni obtuvieron resultados positivos al intentar frenar la política del gobierno. En varias ocasiones las FF.AA. habían sido acusadas de violaciones a los derechos humanos y de ejercer un importante desborde represivo, ello de todos modos no influyó en los cambios de directivas nacionales, es más al contrario, se hicieron comunes las actitudes de desobediencia ante reclamos o decisiones provenientes del ámbito judicial o parlamentario. Por otro lado, el Parlamento, ante este y otros hechos, comenzó a sentir cada vez más la preocupación por su propia supervivencia al percibir que las decisiones que emanaba no eran respetadas ni tenidas en cuenta. De todos modos, según Nahum, la clase política calló o aceptó el progresivo recorte de sus facultades.(12)

Mientras tanto el Presidente de la República continuaba con su predica basada en la dicotomía “orden- subversión”, alimentando además “una riesgosa confusión al incluir en la noción de subversión a otros agentes políticos y sociales que no tenían relación alguna con acciones armadas.”(13)

Hacia fines de 1972 la situación nacional del país no hacía más que augurar un futuro quiebre institucional, desde esta perspectiva apuntan Caetano y Rilla, que “el creciente y ya desembozado protagonismo político de los militares, la precaria estabilidad parlamentaria del gobierno, una virtual situación de “empate” de hegemonías y de vetos recíprocos en el interior del sistema político, la agudización de la conflictividad social enfrentada a la profundización de las prácticas represivas del régimen, entre otros factores, no hacían más que brindar credibilidad a los circulantes rumores golpistas, (…).”(14) El vínculo entre la sociedad y el Estado se encontraba completamente deteriorado ante el creciente autoritarismo. 

En febrero de 1973 una grave crisis institucional coloca en vilo a las instituciones democráticas. Los militares reaccionaron negativamente ante el nombramiento del Gral. Antonio Francese para el cargo de Ministro de Defensa Nacional(15). El 8 de febrero el Ejército y la Fuerza Aérea emiten un comunicado exhortando al Presidente de la República a que releve a dicho general de ese cargo, en vistas de que ambas fuerzas habían decido no responder a las órdenes del nuevo ministro. Por otro lado, la Armada Nacional, fiel a Bordaberry ocupaba la Ciudad Vieja, bloqueándola. Esta atmosfera no hacía más que profundizar la crisis instalada además de generar tensiones a nivel político, social y también castrense. El golpe de estado parecía inminente.

Paralelamente los militares, emiten los comunicados 4 y 7 -el 9 y 10 de febrero-, firmados por el Comandante del Ejército, Gral. Hugo Chiappe Posse y por el Brigadier José Pérez Caldas, Comandante de la Fuerza Aérea. Allí se planteaba, además de combatir la subversión, “el combate a las formas de corrupción económica, la eliminación de la deuda externa, el incentivo a las exportaciones, la erradicación de la desocupación, etc.”(16) Estos comunicados generaron un gran desconcierto en varias esferas políticas y sociales. Muchos sectores manifestaron confusas simpatías hacia los comunicados 4 y 7, lo que no ayudó por cierto a la concreción de un polo de fuerzas democráticas. Según Caetano y Rilla, en varios partidos y grupos de oposición comenzó a circular la consigna del “apoyo crítico” a los militares, tejiéndose distintas versiones sobre los alcances del llamado “febrerismo”.

La crisis fue disuelta el 13 de febrero de 1973, al firmarse el “Acuerdo de Boisso Lanza”. En el mismo se estipuló la creación del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA), integrado por el Presidente, algunos ministerios, los Comandantes de las tres armas y el Jefe del Estado Mayor Conjunto que comenzaría a entrar vigencia –legalizado a partir de un decreto- diez días después de su creación.

Señala Nahum que casi todos los autores que han estudiado el período previo al golpe de estado de 1973, coinciden en afirmar que el mismo es la culminación de un largo proceso comenzado tiempo atrás. De esta manera, es posible detectar dos grandes momentos señalados como los puntos de inflexión en este sentido, en primer lugar, el año 1968, como el comienzo de la escala represiva, y, en segundo lugar, a partir de setiembre de 1971 cuando las FF.AA. asumieron la conducción de la lucha antisubversiva. El primer momento caracterizado por “la represión del movimiento estudiantil y obrero, la implantación de mecanismos jurídicos represivos (...), el control y la manipulación de los medios de comunicación social”(17), que señalaron el desmoronamiento paulatino del sistema democrático. El segundo momento tuvo como particularidad el ascendente protagonismo de las FF.AA. en las decisiones estatales, junto a una importante expansión y politización de las mismas. A ello se agrega además las importantes fisuras que comenzaron a producirse entre el poder civil y militar. 

Interesa traer a colación la síntesis realizada por Rey Tristán entorno a los hechos desencadenantes del golpe de Estado, por entender que el mismo resume con precisión lo acontecido: “el golpe llegó el 27 de junio de 1973, si bien desde octubre de 1972 ya las FFAA eran prácticamente autónomas, no respondían al poder político. La crisis institucional de febrero de 1973, clave del proceso, lo había confirmado. El pacto de Boiso Lanza del día 12, con el que se ponía fin a la crisis, encargaba a las FFAA la misión de brindar seguridad al desarrollo nacional, y creaba el Consejo de Seguridad Nacional (COSENA), (...). Esto suponía la definitiva entrada de los militares en el poder civil, lo que en realidad significaba ya la sumisión de éste. Los hechos del mes de junio no serían más que la confirmación de la situación establecida desde febrero.” (18)

El 27 de junio de 1973, “(...) efectivos de la Región Militar Nº 1 ocupan el Palacio Legislativo. Se iniciaba una nueva y dolorosa fase en el proceso autoritario uruguayo. Ese mismo día, cientos de miles de trabajadores, organizados en la CNT declaran la huelga general por tiempo indeterminado, tal como se había resuelto en distintos congresos obreros a partir de 1964. (...), la huelga fue, después de dos semanas, derrotada.” Este sería el comienzo de 12 años de dictadura cívico- militar. (19)

 


Texto extraído de "EL AVANCE REPRESIVO . Contexto histórico" Carla Larrobla, Magdalena Figueredo, Fabiana Larrobla y Graciana Sagaseta (marzo 2014, Montevideo)

(1)“Algunos de ellos son el apoyo a la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS) [la “OLAS” impulsaba la estrategia insurreccional a nivel continental, además de que se había declarado favorable a la acción guerrillera en Uruguay] considerar a la clase obrera como columna vertebral de la revuelta y a la lucha armada como parte inseparable de la militancia, y la necesidad de combatir el reformismo.” VESCOVI, Rodrigo. Ecos revolucionarios. Luchadores sociales, Uruguay 1968-1973, Montevideo, Ed. Nóos. 2003, Pág. 36.

(2)REY TRISTÁN, Eduardo. A la vuelta de la esquina. La izquierda revolucionaria uruguaya. 1965- 1973, Montevideo, Ediciones Fin de Siglo, 2006. Pág. 32. 

(3)Ídem. Pág. 33- 34.

(4)Ídem. Pág. 40.

(5)Entre los hechos significativos podemos mencionar como, “los primeros días de setiembre, el Cnel. Néstor Bolentini, como Juez de Instrucción Militar, decretó por primera vez el procesamiento de civiles, violando el artículo 253 de la Constitución que establece expresamente que la jurisdicción militar queda limitada a los delitos militares.” Sin duda la intromisión de las Fuerzas Armadas en las decisiones nacionales eran algo denotado. CORES, Hugo. Uruguay hacia la dictadura, 1968-1973: La ofensiva de la derecha, la resistencia popular y los errores de la izquierda. Montevideo, Banda Oriental, 1999. Pág. 98.

(6)“agosto del 70 ha sido un mes de tensión en el enfrentamiento de la guerrilla. Se han producido varios secuestros y ha sido ultimado Dan Mitrione por parte del MLN. Por primera vez en la historia del país, el día 11 de agosto, el Poder Legislativo apoya la iniciativa del Poder Ejecutivo suspendiendo la vigencia de las garantías individuales.” Ídem. Pág. 61. 

(7)REY TRISTÁN, Eduardo. Ob. Cit. Pág. 35.

(8)Es interesante recordar que las elecciones de noviembre de 1971, fueron llevadas a cabo en un clima de restricción de libertades, el ambiente social de aquel momento se encontraba revestido por una fuerte tensión generada fundamentalmente por el giro autoritario de los últimos años. El MLN- T había declarado una tregua electoral en donde suspendía sus acciones por ese período, no obstante, la acción de los grupos de ultraderecha contra personas y grupos de izquierda fue constante, lo que fomentó aún más la crítica situación.

(9)REY TRISTÁN, Eduardo. Ob. Cit. Pág. 39. 

(10)REY TRISTÁN, Eduardo. Ob. Cit. Pág. 39. 

(11)CORES, Hugo. Ob. Cit. Pág. 119. 

(12)NAHUM, Benjamín, MARONNA, Mónica, FREGA, Ana y TROCHON, Ivette. El Fin del Uruguay Liberal, Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 1998. Pág. 87. 

(13)Ídem. Pág. 87.

(14)CAETANO, Gerardo y RILLA, José. Breve historia de la dictadura, Montevideo, Banda Oriental, 1987. Pág. 13.

(15)Ante la renuncia del Gral. Antonio Armando Malet. 

(16)NAHUM, Benjamín y otros. Ob. Cit. Pág. 93. 

(17)Ídem. Pág. 93. 

(18)REY TRISTÁN, Eduardo. Ob. Cit. Pág. 41.

(19)CORES, Hugo. Ob. Cit. Pág. 194. 

Bibliografía

CAETANO, Gerardo y RILLA, José. Breve historia de la dictadura, Montevideo, Banda Oriental, 1987.
COMANDO GENERAL DEL EJÉRCITO. Testimonio de una nación agredida, Montevideo, 1978.
CORES, Hugo. Uruguay hacia la dictadura, 1968-1973: La ofensiva de la derecha, la resistencia popular y los errores de la izquierda. Montevideo, Banda Oriental, 1999.
LABROUSSE, Alain. Una historia de los tupamaros. De Sendic a Mujica. Montevideo, Editorial Fin de Siglo, 2009.
MADRUGI, Leopoldo. Tupamaros y gobierno: dos poderes en pugna. Reportaje a Raúl Sendic. Revista Punto Final, Suplemente de la edición N° 116, Chile, 27 de octubre de 1970.
NAHUM, Benjamin, MARONNA, Mónica, FREGA, Ana y TROCHON, Ivette. El Fin del Uruguay Liberal, Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 1998.
Presidencia de la República Oriental del Uruguay. Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos. En cumplimiento del Artículo 4º de la Ley 15.848, Montevideo, IMPO, 2007.
REY TRISTÁN, Eduardo. A la vuelta de la esquina. La izquierda revolucionaria uruguaya. 1965- 1973, Montevideo, Ediciones Fin de Siglo, 2006.
Universidad de la República. Investigación histórica sobre la Dictadura y el Terrorismo de Estado en el Uruguay (1973-1985), Montevideo, FHCE-CSIC, Tomo I.
VESCOVI, Rodrigo. Ecos revolucionarios. Luchadores sociales, Uruguay 1968-1973, Montevideo, Ed. Nóos, 2003.